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Un grupo de diputados de distintas fracciones legislativas presentó un proyecto de ley que pretende ampliar a 25 años el plazo de prescripción de todos los delitos de corrupción incluidos en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, así como los delitos contra los deberes de la función pública señalados en el Título XV del Código Penal.
Actualmente, el plazo de prescripción de los delitos señalados en estas leyes varía entre los 3 y 24 años, según el delito.
La iniciativa de ley propone adicionar un inciso d) al artículo 31 del Código Procesal Penal y un inciso d) al artículo 62 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública para que se establezca un plazo de 25 años para la prescripción de los delitos de corrupción.
Tercer intento
El proyecto se presentó con la firma principal del congresista frenteamplista Ariel Robles Barrantes.
También cuenta con el respaldo de sus compañeros de bancada Jonathan Acuña Soto, Rocío Alfaro Molina, Antonio Ortega Gutiérrez, Sofía Guillén Pérez y Priscilla Vindas Salazar; así como de los liberacionistas Monserrat Ruiz Guevara, José Joaquín Hernández Rojas y Dinorah Barquero Barquero, y las legisladoras independientes Kattia Cambronero Aguiluz y Gloria Navas Montero.
La exposición de motivos señala que la iniciativa tiene como antecedentes dos proyectos que buscaban ampliar los plazos de prescripción para estos delitos y que terminaron siendo archivados en el Congreso. Se trata de los expedientes 20.246 y 22.409.
Según la exposición de motivos, el nuevo texto busca resolver los problemas técnicos que fueron señalados en los expedientes anteriores, los cuales no fijaban un plazo razonable de prescripción.
“Hoy estamos viendo en el ejercicio público que hay gente que comete delitos de corrupción y pueden pasar varias cosas: se van diez años del país y después dicen que les dieron ganas de comer tamales y regresan cuando ya está prescrito. También podrían darse procesos, como los que estamos viviendo, en los que hay muchas personas de supremos poderes que están siendo denunciadas por delitos de corrupción, y estos delitos se vuelven muy difíciles de investigar porque tienen inmunidades políticas”, comentó Robles.
La diputada Navas Montero dijo que la reforma es necesaria debido a que la prescripción en este tipo de delitos es “muy rápida”.
“Diez años es muy poco. La reforma es sana”, comentó Navas Montero.
Source
Carlos Mora
